Decidir hoy, medir dentro de diez años
Hay decisiones cuyos resultados se conocen enseguida.
Subes un impuesto, cambias una tarifa, construyes una carretera o modificas una ayuda y, con mayor o menor precisión, al cabo de unos meses puedes empezar a medir qué ha ocurrido.
Pero hay otras decisiones mucho más incómodas.
Las relacionadas con la educación, la tecnología, la inteligencia artificial o la infancia pueden tardar años, incluso décadas, en mostrar todas sus consecuencias.
Y últimamente tengo la sensación de que muchas de las grandes discusiones que tenemos comparten exactamente ese problema.
La inteligencia artificial: los que más saben también están preocupados
En marzo de 2023 se publicó una carta abierta que pedía detener durante al menos seis meses el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial más potentes que GPT-4.
La firmaron decenas de miles de investigadores, empresarios y especialistas. No pedían acabar con la inteligencia artificial, sino frenar temporalmente la carrera hacia sistemas cada vez más potentes mientras se desarrollaban mejores mecanismos de seguridad.
Poco después ocurrió algo todavía más llamativo.
Sam Altman, CEO de OpenAI; Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind; Dario Amodei, CEO de Anthropic; Geoffrey Hinton; Yoshua Bengio y muchos otros firmaron una declaración extraordinariamente breve del Center for AI Safety:
Mitigar el riesgo de extinción provocado por la IA debería ser una prioridad mundial comparable a otros riesgos a escala social.
No estamos hablando precisamente de personas ajenas a esta tecnología.
¿Significa eso que los grandes laboratorios estadounidenses quieren detener la inteligencia artificial?
No exactamente.
OpenAI, Anthropic y Google DeepMind continúan desarrollando modelos cada vez más potentes. Lo que sí resulta significativo es que han desarrollado marcos específicos para evaluar riesgos graves antes de desplegar determinados sistemas: el Preparedness Framework de OpenAI, la Frontier Safety Roadmap de Anthropic y el Frontier Safety Framework de Google DeepMind.
Es una situación bastante extraña.
Estamos acelerando una tecnología al mismo tiempo que quienes están en primera línea de su desarrollo reconocen que algunos de sus riesgos potenciales podrían ser enormes.
¿Por qué no parar entonces?
Porque también existen enormes beneficios potenciales, porque hay competencia empresarial, porque hay competencia internacional y porque nadie sabe con certeza qué ocurrirá.
Y ahí aparece el primer problema:
¿cómo tomas una decisión drástica sobre algo cuando tardarás años en saber si era necesaria?
Educación: cuando descubrimos los problemas muchos años después
El 8 de septiembre de 2026 se publicaron los resultados de PISA 2025.
No son especialmente tranquilizadores.
Según la ficha específica de España de la OCDE, los estudiantes españoles obtuvieron resultados por debajo de la media de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Respecto a 2022, España empeoró en matemáticas y lectura y se mantuvo aproximadamente estable en ciencias. Los resultados de 2025 están, además, entre los más bajos registrados por España en las tres materias y son inferiores a los de 2015.
El problema tampoco es exclusivamente español.
La OCDE ha registrado en 2025 sus resultados medios más bajos de toda la serie en lectura, matemáticas y ciencias. Entre 2015 y 2025, la lectura cayó de media 28 puntos en los países de la OCDE y las matemáticas 22.
Por tanto, sería demasiado fácil convertir esto en un simple:
«La educación española es un desastre».
La cuestión me parece bastante más interesante.
Como profesor, hay algo que siempre me ha resultado extraño: modificamos currículos, leyes educativas, sistemas de evaluación, metodologías y prioridades constantemente, pero esperamos resultados casi inmediatos.
Un niño que empieza Primaria hoy terminará la enseñanza obligatoria dentro de aproximadamente diez años.
Las decisiones educativas importantes que tomemos ahora probablemente deberían juzgarse entonces, no dentro de dos cursos.
PISA tampoco demuestra que los resultados españoles sean consecuencia de la falta de consenso político o de los cambios de gobierno. Sería convertir una intuición en causalidad.
Pero sí hay motivos para preguntarnos si nuestro modo de tomar decisiones está pensado para problemas tan lentos.
La propia OCDE insiste en que las reformas educativas necesitan una visión estratégica a largo plazo y sistemas de seguimiento y evaluación continuados. Su Education Policy Outlook 2024 señala que las reformas deberían apoyarse en planes estratégicos de largo plazo, pero también disponer de mecanismos que permitan medir, corregir y adaptar las políticas a medida que aparecen nuevas evidencias.
Quizá, por tanto, la pregunta no debería ser:
¿qué nueva ley educativa necesitamos?
Sino:
¿qué sistema educativo queremos dentro de quince años y qué cosas estamos dispuestos a mantener durante suficiente tiempo como para comprobar si funcionan?
Eso requiere algo especialmente difícil en política: aceptar que posiblemente otro gobierno se lleve el mérito —o tenga que asumir el fracaso— de una decisión tomada hoy.
Redes sociales: queremos retrasarlas hasta los 16, pero entregamos el móvil a los 11
Aquí la contradicción es todavía más evidente.
En noviembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó un informe no legislativo en el que propone una edad mínima armonizada de 16 años para acceder a redes sociales, plataformas de vídeo y compañeros de inteligencia artificial, permitiendo el acceso entre los 13 y los 16 años con consentimiento parental.
Es importante el matiz: no existe hoy una prohibición general europea de las redes sociales para menores de 16 años. Es una propuesta política del Parlamento Europeo y forma parte de un debate más amplio sobre protección de menores y verificación de edad.
España está avanzando en una dirección parecida. A fecha de septiembre de 2026, el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales sigue en tramitación parlamentaria y el Gobierno plantea elevar a 16 años la edad mínima de registro en redes sociales.
Hasta aquí puede parecer una discusión legislativa relativamente normal.
Hasta que miramos cuándo damos realmente un teléfono a nuestros hijos.
El estudio Infancia, adolescencia y bienestar digital, elaborado con una consulta a casi 100.000 niños, niñas y adolescentes, sitúa la edad media de acceso al primer móvil en España en 10,8 años.
Según UNICEF España, a los 10 años ya tiene móvil propio el 41 % de los niños. A los 12 años, el 76 %. Y en la ESO, el 92,8 %.
Es decir:
socialmente hemos situado el acceso al smartphone aproximadamente cinco años antes de la edad que ahora estamos planteándonos establecer para determinadas redes sociales.
Y todavía hay otra parte de esta historia que solemos olvidar.
Los adultos.
El Estudio de Redes Sociales 2026 de IAB Spain concluye que el 86 % de los internautas españoles de entre 12 y 75 años utiliza redes sociales, que el usuario medio visita 7,2 plataformas diferentes y que dedica aproximadamente una hora diaria a ellas.
Quizá deberíamos preguntarnos qué estamos enseñando realmente.
Porque podemos establecer controles parentales, verificar edades o prohibir determinados servicios.
Pero después un niño puede sentarse a cenar delante de dos adultos que miran su teléfono cada tres minutos.
La educación digital probablemente no empieza cuando le damos un móvil.
Empieza mucho antes, observando qué hacemos nosotros con el nuestro.
El problema de las decisiones cuyos resultados quedan demasiado lejos
IA.
Educación.
Redes sociales.
Parecen tres debates distintos, pero creo que comparten algo.
Tenemos que decidir hoy sobre problemas cuyos efectos completos quizá no conozcamos hasta dentro de muchos años.
Y cuanto más lejano está el punto de evaluación, más difícil resulta tomar medidas importantes.
Imaginemos que retrasamos de verdad el acceso a determinadas redes sociales hasta los 16 años.
¿Cómo evaluamos la medida?
¿Notas académicas al cabo de dos años?
¿Problemas de atención?
¿Ansiedad?
¿Horas de sueño?
¿Relaciones sociales?
¿Resultados educativos diez años después?
¿Y cómo distinguimos sus efectos de todos los demás cambios tecnológicos y sociales ocurridos durante ese tiempo?
Con la educación sucede lo mismo.
Una reforma seria podría necesitar diez años antes de que una generación entera haya pasado por ella.
Y con la inteligencia artificial el problema puede ser todavía mayor: quizá algunas precauciones parezcan completamente innecesarias durante años… precisamente porque han funcionado.
Aquí aparece una paradoja incómoda.
Las medidas preventivas tienen un problema político enorme:
si fracasan, todo el mundo verá el fracaso; si funcionan, puede parecer que nunca fueron necesarias.
Quizá necesitamos pensar un poco más lejos
No creo que la respuesta sea prohibir toda tecnología.
Tampoco detener la inteligencia artificial.
Ni convertir PISA en el único indicador de nuestro sistema educativo.
Ni imaginar que podemos mantener a un adolescente aislado de Internet hasta que cumpla dieciséis años.
La tecnología también permite aprender, crear, comunicarnos y acceder a oportunidades que hace veinte años eran inimaginables.
El problema quizá esté en otra parte.
Tenemos instituciones y ciclos de decisión relativamente cortos enfrentándose a transformaciones extraordinariamente largas.
Y eso nos obliga a hacer algo que no se nos da especialmente bien:
tomar decisiones cuyos beneficios quizá no veremos nosotros.
Una política educativa debería poder sobrevivir suficiente tiempo como para ser evaluada.
Una política tecnológica debería poder corregirse cuando aparezcan nuevas evidencias.
Una regulación de redes sociales debería medir resultados y modificarse si no funciona.
Y cualquier medida importante debería incluir desde el principio una pregunta extremadamente sencilla:
¿cuándo vamos a comprobar si esto ha funcionado?
Porque si la respuesta es «dentro de diez años», quizá deberíamos empezar a construir mecanismos que nos permitan mantener el rumbo durante esos diez años.
Aunque cambie el gobierno.
Aunque cambie la tecnología.
Aunque nadie pueda atribuirse personalmente el resultado.
A veces gobernar el futuro consiste precisamente en eso.
En plantar árboles bajo cuya sombra probablemente se sentarán otros.